Michelle Bachelet fue electa presidenta de Chile el 15 de
diciembre de 2013. Su candidatura se respaldó en una amplia alianza representativa
del centro y la izquierda política chilena. Heredera del bloque de la
Concertación, la fórmula, denominada Nueva Mayoría, además de conseguir la
presidencia, aseguró mayoría legislativa en las dos cámaras del Congreso.
Uno de los elementos que gravitó en favor del triunfo de
Bachelet, quien accederá a la magistratura por segunda ocasión, fue el haber
acogido las demandas de reforma establecidas por el movimiento de
universitarios en los últimos años. En el curso de la campaña, así como en las
formulaciones iniciales de su programa, la presidenta electa hizo suya la
exigencia por una educación superior pública de carácter gratuito. Además,
cuatro de los líderes universitarios del pasado inmediato obtuvieron escaños en
el parlamento.
Bachelet iniciará gobierno el 11 de marzo. No obstante,
desde el 24 de enero se dio a conocer tanto la integración del gabinete como
los lineamientos de la propuesta gubernamental. Para la cartera de Educación
fue designado el economista Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda del
gobierno de Ricardo Lagos (2001 a 2006) y director del Departamento para el
Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional en el periodo de 2008 a
2012. La presidenta electa justificó la nominación con el argumento de que las
reformas educativas propuestas requieren de una profunda modificación del
régimen impositivo y la distribución de fondos fiscales.
Poco después se anunció la designación de la también
economista Claudia Peirano, apoyada por la Democracia Cristiana, para hacerse
cargo de la subsecretaría de Educación. La nominación de Peirano, hecha pública
el 30 de enero, suscitó rechazo estudiantil, principalmente porque trascendió
que ella apoyó expresiones en contra la gratuidad universitaria en el pasado
reciente. Ante los cuestionamientos, la funcionaria designada optó por
renunciar el 4 de febrero.
Tras la dimisión de Peirano, Bachelet anunció la designación
de la ingeniera Valentina Quiroga al cargo. El principal antecedente de Quiroga
radica en su labor como fundadora y directora del área de política educativa de
la asociación Educación 2020, influyente organización civil, fundada a finales
de 2008, con probada incidencia en la definición de normas, políticas y
programas educativos en el gobierno de Sebastián Piñera.
En cuanto a la programación de las políticas educativas, el documento
“Chile de Todos. Programa de Gobierno 2014-2018”, difundido el 24 de enero,
integra las principales ideas y propuestas para la transformación educativa del
país. Entre estas destacan la promesa de alcanzar la gratuidad universal; cancelar
la educación con fines de lucro, aunque aceptando la operación de instituciones
privadas; finiquitar gradualmente la administración educativa municipal, y terminar
con toda forma de selección escolar en la educación obligatoria, lo que incluye
la selectividad académica vigente. Además hay propuestas para mejorar la
habilitación y el perfeccionamiento docente, así como para reforzar la
educación superior, comenzando con la creación de una subsecretaría que se
encargará de impulsar el nuevo repertorio de políticas en este nivel de
estudios.
Uno de los puntos que ha causado inquietud, porque aún se
desconoce su desenlace a corto plazo, es el futuro del sistema de evaluación de
la educación básica, articulado en torno al Sistema de Medición de la Calidad
de la Educación (SIMCE). El SIMCE se estableció en 1988, en el Ministerio de
Educación, a fin de generar pruebas para medir el rendimiento académico de
estudiantes y centros escolares. La colección de pruebas SIMCE tienen carácter
censal, obligatorio y periódico. A partir de 1995 se han dado a conocer, en
forma pública, los resultados de cada escuela. Además, los resultados de las
pruebas son utilizados para el mecanismo de estímulos salariales del profesorado.
Aunque se reconoce la madurez técnica del sistema, no han
faltado pronunciamientos críticos acerca de su pertinencia para juzgar la
calidad de las escuelas y los maestros. En los últimos años, justo en el
contexto de las conocidas movilizaciones de estudiantes y profesores, los
cuestionamientos al esquema de evaluación se multiplicaron. Las campañas de
“alto al SIMCE” proliferaron y recibieron amplias muestras de solidaridad de
parte de intelectuales, universitarios y sindicatos docentes.
En ese marco, la ya mencionada organización Educación 2020
se pronunció a favor de revisar críticamente el uso de los resultados de las
pruebas, con el propósito de limitar su alcance al conocimiento del sistema
educativo como tal, y en todo caso acercar su enfoque a la evaluación formativa
del desempeño.
El programa de gobierno recoge esta vertiente crítica al
señalar que “a nivel escolar, debido al uso y consecuencias de los resultados
del SIMCE, hemos empobrecido el concepto de calidad y educación y promovido
prácticas como la selección, la exclusión y el entrenamiento de pruebas.
Debemos superar esta definición e impulsar una comprensión más compleja e
integral de calidad para recuperar el sentido de la labor educativa” (pág. 16).
No obstante, no se ofrece todavía una alternativa concreta.
Con todo, es de esperarse que el tema entre en debate desde
el comienzo del gobierno de Bachelet. Por lo pronto se anuncia que en los
primeros cien días del nuevo régimen se enviará al Congreso el Proyecto de Ley
de Reforma Educacional.