El Pacto por México, suscrito hace un año por las
principales fuerzas políticas del país, consideró algunas vías para el
desarrollo y fortalecimiento de la educación superior. Tres en concreto:
Primero, impulsar la profesionalización de la formación del magisterio mediante
el impulso a la educación normal y sacando provecho “de los conocimientos y el
capital humano de las universidades públicas del país” (Compromiso 13).
Segundo, asegurar los recursos presupuestales necesarios para incrementar la
calidad y lograr una cobertura de al menos 80% en educación media superior y al
menos 40% en superior (Compromiso 14). Tercero, establecer un Programa Nacional
de Becas para alumnos de Educación Media Superior y Superior, focalizado en la
totalidad de los alumnos provenientes de familias dentro de los cuatro deciles
con menos recursos (Compromiso 15).
Fuera de estos propósitos generales, se ha tenido poca
información en el año que concluye acerca de las políticas de transformación
del sistema de educación superior en el marco de la administración pública del
presidente Enrique Peña Nieto. Prácticamente toda la energía reformista se ha
concentrado en el nuevo régimen de evaluación docente en los niveles de la
educación obligatoria.
El Plan Nacional de Desarrollo sexenal no abunda ni aclara
cuáles, además de los compromisos del Pacto, habrán de ser los objetivos
específicos y las metas cuantitativas para mejorar sustancialmente el estado de
cosas que prevalece en el sistema de instituciones, públicas y particulares, de
la educación superior del país. Salvo, quizás, la insistencia en aprovechar el
mundo de las tecnologías digitales para incrementar la cobertura de los
servicios, así como el propósito general de abatir los niveles de deserción y
rezago que prevalecen en este nivel educativo. Otra acción anunciada en el año,
en el mes de agosto, fue la construcción de 69 nuevas IES públicas, cifra que
incluye fundamentalmente instituciones de orientación tecnológica.
¿Qué podemos esperar entonces del nuevo repertorio de
políticas que se enunciará en el Programa Sectorial Educativo de próxima
publicación? Hay algunas pistas. La primera, que en enero la SEP convocará a una
consulta para definir las rutas de acción en la reforma educativa. Así lo
señaló el secretario Emilio Chuayffet Chemor en la inauguración del XII
Congreso Nacional de Investigación Educativa, el pasado 19 de noviembre:
“Señores investigadores, el próximo mes de enero habremos de
iniciar un amplio ejercicio de consultas en todo el país y en sus regiones, con
maestros, con pedagogos y con expertos en la materia, a fin de cumplir la ley
en dos aspectos: orientar el nuevo modelo educativo del país y reformar la
educación normal. Con profundo respecto, los invito a que participen en todos
esos foros, y que con sus propuestas enriquezcan la reforma educativa. Serán
ustedes de capital importancia para este propósito.”
Reforma de las normales
De este aviso queda clara la intención de llevar a cabo la reforma de la educación normal. El propósito es encomiable, en términos generales, pero indudablemente será un tema fundamental conocer la forma de articulación entre la reforma de la educación normal impulsada el sexenio pasado y la nueva. Cierto es que la denominada reforma integral de dicho tipo educativo se circunscribió a la docencia en preescolar y primaria, dejando pendiente la formación docente para secundaria y educación media superior.
De este aviso queda clara la intención de llevar a cabo la reforma de la educación normal. El propósito es encomiable, en términos generales, pero indudablemente será un tema fundamental conocer la forma de articulación entre la reforma de la educación normal impulsada el sexenio pasado y la nueva. Cierto es que la denominada reforma integral de dicho tipo educativo se circunscribió a la docencia en preescolar y primaria, dejando pendiente la formación docente para secundaria y educación media superior.
También es cierto que poco se avanzó en el ámbito de las normales rurales.
Pero, de cualquier modo, hay una reforma organizativa, curricular y pedagógica
sobre la mesa. ¿Se va a eliminar de un plumazo o se dará continuidad a lo
desarrollado el último lustro? ¿Se buscará hacer realidad lo indicado por el
Pacto en el sentido de aprovechar las capacidades de las universidades públicas
para mejorar la formación inicial del magisterio? Habría que evitar, esto es lo
más importante, que una nueva reforma abra otro frente de confrontación entre las
autoridades educativas y el magisterio. Ojalá que no.
Evaluación y certificación
Hay otra pista: la renovación de los mecanismos de evaluación correspondientes al nivel. Esta opción surgió, a finales del sexenio pasado (2011), mediante la instauración de la Comisión Coordinadora de Organismos de Evaluación de la Educación Superior, la COCOEES, en la que están representados varios de los organismos públicos y particulares encargados de esa función, así como representaciones de la SEP y de las universidades del país. El trabajo de la COCOEES se ha centrado en discernir nuevas fases de los procesos de evaluación para la mejora de resultados en la educación superior. Por ejemplo, apoyar la convergencia de los marcos de referencia que aplican, para evaluar, los organismos de acreditación coordinados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los que emplean los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). También se han discutido fórmulas de acreditación de instituciones, además de la ya existente acreditación de programas.
Hay otra pista: la renovación de los mecanismos de evaluación correspondientes al nivel. Esta opción surgió, a finales del sexenio pasado (2011), mediante la instauración de la Comisión Coordinadora de Organismos de Evaluación de la Educación Superior, la COCOEES, en la que están representados varios de los organismos públicos y particulares encargados de esa función, así como representaciones de la SEP y de las universidades del país. El trabajo de la COCOEES se ha centrado en discernir nuevas fases de los procesos de evaluación para la mejora de resultados en la educación superior. Por ejemplo, apoyar la convergencia de los marcos de referencia que aplican, para evaluar, los organismos de acreditación coordinados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los que emplean los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). También se han discutido fórmulas de acreditación de instituciones, además de la ya existente acreditación de programas.
De mayor relieve e importancia, aunque también riesgo, la
propuesta surgida al seno de la COCOEES para impulsar, mediante la reforma del
artículo quinto constitucional, la “certificación” de titulados universitarios
en aquellas profesiones consideradas de “alto impacto”. Si se llevara a efecto
esta opción, el título universitario ya no sería suficiente, como lo es en el
presente, para el ejercicio de carreras no académicas. El acuerdo preliminar
añade, incluso, la posibilidad de certificar aspirantes a ejercer docencia en
la modalidad de profesor de asignatura.
La certificación, además, se contempla como un mecanismo
regulatorio de la calidad de la enseñanza privada. Pero no hay que perder de
vista que puede friccionar atribuciones autonómicas de las universidades
públicas que gozan de tal prerrogativa.