Llama la atención que entre las líneas generales de diagnóstico y propuestas
para la reforma educativa del país, tal como se han planteado tanto en el Pacto por
México, suscrito la presidencia de la República y los líderes de los partidos
PRI, PAN y PRD, como en la iniciativa de reforma al artículo Tercero de la
Constitución, temas como el analfabetismo y el rezago escolar han pasado
prácticamente inadvertidos. La omisión preocupa en tanto puede interpretarse
como la continuidad de las políticas experimentadas en los últimos sexenios, que
brindaron insuficiente atención y muy escasos recursos a esa
problemática.
Se puede coincidir con el diagnóstico según el cual “En los últimos años se
ha avanzado de manera importante en la ampliación de la cobertura educativa. Los
nuevos retos consisten en culminar esta expansión, pero sobre todo en elevar la
calidad de la educación de los mexicanos para prepararlos mejor como ciudadanos
y como personas productivas”, tal como se expresa en el Pacto por México. Sin
embargo, sería erróneo concluir que, en México, el
analfabetismo y el rezago escolar son problemas superados o en
vías de extinción.
Analfabetismo
Según datos del último Censo de Población y Vivienda (2010), en México
existen en torno a 5.5 millones de personas mayores de quince años en condición
de analfabetismo absoluto. La definición operativa del analfabetismo, que concuerda con
los criterios definidos por la UNESCO al respecto, representa a los individuos
que no tienen la capacidad de “leer y escribir un recado.” En términos
porcentuales este conjunto de población concentra alrededor del siete por ciento
de la población de referencia.
Si se utiliza una definición alternativa, aquella que suele denominarse
“analfabetismo funcional”, la cual registra a quienes no superaron siquiera tres años
de escolaridad primaria, entonces la cifra sobrepasa los diez millones de personas
o más del 15 por ciento de la población de mayores de quince años. El uso de
esta categoría parte del supuesto, empíricamente comprobado, según el cual la
sola adquisición de habilidades básicas de lectura y escritura no asegura su
prevalencia temporal.
Según la información censal, las principales concentraciones relativas de
analfabetas corresponden a los grupos de mayor edad,
a las mujeres, a la población indígena, y a las localidades rurales. En los
estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, es decir aquellos con los más elevados
índices de pobreza, la proporción de analfabetas absolutos supera el umbral de
quince por ciento. En Veracruz, Michoacán, Hidalgo y Puebla la proporción es
aproximadamente el diez por ciento. Nótese que ambos conjuntos de entidades se
caracterizan por contar con las mayores concentraciones de población
indígena del país. Se estima que al menos 1.5 millones de los
indígenas del país son analfabetas absolutos.
En el extremo opuesto, de Coahuila, Baja California, Nuevo León y el DF, en los cuales el porcentaje de analfabetas es inferior, en todos los
casos, al 2.5 por ciento de los mayores de quince años. Cabe hacer notar que
este porcentaje se considera satisfactorio en los estándares internacionales, ya
que se toma en cuenta la existencia de un sector que no puede ser alfabetizado, como es el caso de las personas con
discapacidades intelectuales graves.
Rezago
En México se define el “rezago escolar” por el número y proporción de
individuos que no completaron la educación básica obligatoria, es decir los
niveles de primaria y secundaria. La categoría se integra por tres grandes
grupos: analfabetas, personas sin la primaria terminada e individuos sin
secundaria completa. Este conjunto integra, asimismo, a los niños mayores de
tres años que están fuera de la escuela. Según datos de la SEP el volumen total
del rezago, según la definición indicada, es superior a una tercera parte de la
población de mayores de seis años, esto es más de 33 millones de personas.
Aunque la mayor concentración se ubica en individuos que no completaron la
secundaria, el resto de los segmentos (analfabetas y personas sin primera
concluida) son también estadísticamente significativos. Además, según el INEE,
aproximadamente 5.5 millones de niños y jóvenes entre tres y diecisiete años no
asisten a la escuela.
Al considerar que la obligatoriedad de la secundaria se implantó en México en
1993 y que, por lo tanto, dentro del volumen total de rezago subsiste una
población que no cursó la secundaria cuando ese nivel de estudios estaba fuera
de la definición normativa de obligatoriedad, el INEE propuso una Norma de
Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano (NEOEM), en la que se precisa esta
dimensión del fenómeno. Al restar al volumen del rezago la población para la
cual la secundaria no era obligatoria, esto es a los nacidos antes de 1982 que
no terminaron la secundaria, la cifra queda en poco más de 22 millones de
personas.
Además de cumplir un propósito de precisión estadística, la NEOEM ha tenido una implicación relevante para el esquema de políticas sociales del país: es el criterio que sigue el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL,
para determinar la población con “carencia por rezago educativo”, que a su vez
forma parte de la medición integral de la pobreza en México. De cualquier modo,
sean 33 millones o se consideren 22 millones a las personas con escolaridad
insuficiente el problema es monumental.