En febrero de 2011, la iniciativa de la Comisión de Educación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de modificar el Estatuto Orgánico de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dio lugar al primer movimiento
estudiantil en la historia de la institución.
La gran mayoría de los académicos
se sumaron a la protesta y se llegó, incluso, a la suspensión temporal de
actividades en varios planteles. Al cabo, el Consejo Universitario y la rectoría
se pronunciaron en el mismo sentido que la comunidad exigiendo respeto a la
autonomía de la Universidad. Este conflicto, antecedente de la crisis actual,
tuvo su mayor intensidad durante los días de marzo y abril de 2011.
Con la sospecha de que la postura de los legisladores respondía, en lo
fundamental, a los intereses de la nueva dirigencia universitaria, no pocos de
los participantes en el movimiento, incluso varios consejeros, añadieron a sus
reclamos la renuncia de la doctora Esther Orozco. La rectora confrontó tal
postura a través de un desplegado público, dado a conocer por Reforma y La
Jornada el 4 de abril, así como en varias entrevistas.
El desplegado contiene varios mensajes. En los primeros párrafos, redactados
en un tono que no evita la hipérbole, la rectora pondera su trayectoria
académica, su capacidad administrativa y su compromiso social. En seguida
procede a dar a conocer algunos indicadores que expresan, desde su punto de
vista, los principales déficit académicos de la institución. Entre ellos
sobresale el denominado “Coeficiente de Desempeño Académico” (CDA), indicador
construido para medir el grado de irregularidad de los estudiantes con respecto
a la duración teórica de las carreras. Esta sección concluye: “los resultados
muestran que el 52% de los estudiantes inscritos entre el 2001 y el 2009 y
activos hasta el 2011 (10,697 estudiantes), tiene un CDA menor a 2.5 en una
escala del 0 al 10.”
Prosigue el texto con afirmaciones acerca de la responsabilidad de los magros
resultados. Se indica que “la mayor responsabilidad del desastre,
recae en la institución y en quienes han tomado las decisiones.” En la
institución, porque se carece de normas y criterios para regular
el desempeño de los estudiantes y exigir a los académicos el cumplimiento de
obligaciones. Sobre la insuficiencia normativa de la UACM, la rectora insistirá
en posteriores entrevistas y presentaciones.
Remata el planteamiento sobre las condiciones de la Universidad el
siguiente pronunciamiento: “Tengo claro, además, de que si no tomo decisiones
adecuadas, pronto me empezarán a endilgar la total responsabilidad de este
fraude educativo, por seguir aplicando una receta fallida. Lo cual me resulta
inaceptable.” Esta enunciación hizo encender los ánimos.
El término “fraude educativo” es fuerte, aunque se haya usado en sentido
figurado. Al tomar en cuenta el conjunto de argumentos vertidos en el
desplegado, puede interpretarse como un pronunciamiento sobre la incapacidad de
la institución para satisfacer las aspiraciones de los estudiantes o responder a
la confianza de los contribuyentes. Pero había más, otras culpas que repartir.
En el desplegado se acusa de omisión a los legisladores: “parte de la
responsabilidad corresponde a los diputados y diputadas de las Legislaturas de
los últimos 10 años, al no tomar a tiempo las medidas necesarias para evitar
llegar a este estado deplorable.” ¿Qué clase de “medidas” se invoca? sólo pueden
ser de un tipo, legislativas, es decir contrarias a los principios elementales
de la autonomía. No obstante, los párrafos finales del documento insisten en que
los poderes de la entidad deben respetar la autonomía de la Universidad, ya que
“los universitarios defendemos la autonomía como parte de nuestra esencia.”
Tras esta publicación, dos días después, el 6 de abril, quedó prácticamente
zanjada una de las vertientes del conflicto. Al cabo de una reunión entre
asambleístas, autoridades universitarias y representantes estudiantiles y
académicos, la presidenta en turno de la Comisión de Gobierno de la ALDF,
Alejandra Barrales, dio a conocer el compromiso de los legisladores de suspender
la iniciativa. Solución política y control de daños, simplemente.
Ahí pudo haber terminado la crisis en su planteamiento original, pero no fue
así. La postura de rectoría generó dos reacciones distintas. De un lado,
expresiones de solidaridad, apoyo y aún admiración de parte de un importante
número de intelectuales, políticos y funcionarios universitarios. Del otro,
críticas, también nutridas, por haber denostado a la Universidad y a sus
comunidades. En suma, polarización, dos fracciones: orozquistas y
antiorozquistas.
El 8 de abril, el ex rector Pérez Rocha dio a conocer, a través del portal
“Tezonco Uacemita”, una comunicación dirigida a la rectora en la que cuestiona,
directamente, sus argumentos y su proceder en el conflicto. Se trata de una
larga misiva, que argumenta en favor del enfoque educativo de la UACM, rebate
con detalle los principales cuestionamientos formulados en el desplegado y
concluye con un acre reclamo: “Has ocasionado un daño irreparable a la
institución (…) Lejos de contribuir a consolidar una comunidad en la UACM has
propiciado división y encono.”
El mismo día se escuchó en la radio una entrevista de Denise Maerker con la
doctora Orozco (programa “Atando cabos”, Radio Fórmula). Entre otras respuestas
la rectora afirmó: “es como estar en una nata de pantano, el que se mueve se
hunde” ¿Acaso una premonición?