Después de haber movilizado a los académicos, estudiantes y directivos de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), al extremo de convocar a una manifestación
que tendría lugar en la Ciudad de México el pasado 26 de julio, que finalmente
no se llevó a cabo, las autoridades de esa casa de estudios alcanzaron una
negociación exitosa en su demanda de ampliación de los recursos federales
aprobados para la operación institucional.
La UdeG demandaba la entrega de 960 millones de pesos por concepto de adeudos
atrasados de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para
satisfacer la proporción previamente convenida de una aportación federal
equivalente a 52 por ciento del subsidio total que integra el presupuesto de la
institución. El restante 48 por ciento corresponde a los recursos que entrega el
estado de Jalisco a la universidad.
El convenio logrado consistió, en primer lugar, en que la Federación
reconociera el adeudo con la UdeG y, en segundo, que se programara la entrega de
los recursos. De inmediato se integrará a las arcas de la institución la mitad
del monto reclamado, es decir, 480 millones de pesos, que forman parte del
llamado “presupuesto irreductible”, y la otra mitad se añadirá al subsidio que
se apruebe dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012. En eso
quedaron.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado,
había señalado con bastante anticipación que con los recursos autorizados para
el ejercicio 2011 se cubrirían, apenas, los gastos programados hasta septiembre
del año. Además, había hecho notar que el proyecto de presupuesto universitario
para el ejercicio anual, calculado en un monto total de 7 mil 950 millones de
pesos, anticipaba un déficit por más de 500 millones de pesos, por lo cual la
aportación federal indicada era indispensable para llegar al término del año sin
entrar en condición deficitaria.
Además de evitar un déficit por cerca de 500 millones de pesos, la aportación
federal se destinaría, según declaraciones de las autoridades de la universidad,
al pago del programa de estímulos del personal académico en el último trimestre
del año. Al respecto, se señalaba con insistencia el riesgo de que faltaran
recursos para satisfacer ese compromiso, lo que sin duda fue un factor muy
importante en la opción de movilizar al personal académico en respaldo de las
autoridades de la institución.
Cabe recordar que el año pasado la Universidad de Guadalajara vivió también
un conflicto por recursos financieros aunque, en esa oportunidad, ante el
gobierno del estado de Jalisco. En abril de 2010 el rector Cortés Guardado
compareció ante el Congreso jalisciense para demandar la entrega de 701 millones
de pesos que el Ejecutivo estatal debía a la universidad por haber sido
previamente autorizados por la Federación.
Se indicó en esa oportunidad que dicho monto sería utilizado para concluir
obras en la Biblioteca Pública de Jalisco “Juan José Arreola” (130 millones de
pesos), y el resto para diversas obras de ampliación de las instalaciones
universitarias. Aunque el rector recibió el apoyo de la mayoría de los
legisladores, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, se negó a
reconocer la validez del adeudo.
Este conflicto alcanzó las calles de la ciudad de Guadalajara, asimismo con
participación de estudiantes, académicos y administrativos, mediante diversas
manifestaciones y actos que tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2010. Al
cabo, las autoridades del estado cedieron ante la presión universitaria y se
negoció la entrega del monto requerido por medio de una aportación estatal de
más de 400 millones de pesos destinada a obras de infraestructura. Aunque esta
solución fue aceptada por las autoridades universitarias, la institución hizo
pública su insatisfacción con el manejo de la hacienda estatal de los recursos
que se deben destinar a la institución. Un punto relevante en las
manifestaciones de las comunidades académicas fue el de la transgresión a la
autonomía universitaria por el condicionamiento del subsidio estatal.
En cambio, en el contexto del conflicto de 2011, las autoridades del estado,
es decir el gobernador y los legisladores locales, apoyaron plenamente las
demandas de la universidad ante la Federación.
Un tema que trasluce con claridad en ambos conflictos es la insuficiencia de
recursos económicos para que la universidad pueda satisfacer tanto el gasto de
operación como los proyectos de infraestructura, consolidación académica e
innovación que tiene previstos. Eso es evidente. La UdeG cuenta con un
presupuesto anual que no llega a los 8 mil millones de pesos en total. Si se
contrasta el dato con el subsidio federal que recibe la UNAM (más de 26 mil
millones de pesos para 2011) o el IPN (más de 11 mil millones de pesos en 2011),
se podrá contrastar la débil condición financiera de esa institución, que aspira
permanentemente a ser reconocida como una de las universidades de investigación
de mayor relevanciaen el país.
Lo bueno cuesta. Si se quiere que la UdeG cumpla con el perfil de calidad
esperado de las universidades públicas, no se pueden escatimar los recursos que
necesita para su consolidación académica. Aunque el corto plazo parece resuelto
esta vez, el largo plazo requiere ser revisado. Mejor hacerlo de inmediato.