De manera hasta cierto punto convergente al proceso de revisión de las
políticas europeas de educación superior, ciencia y tecnología, en Estados
Unidos se ha desarrollado una nueva propuesta gubernamental: A strategy for
american innovation: driving towards sustainable growth and quality jobs,
mediante la cual la administración de Barack Obama se propone reordenar las
prioridades y estrategias de las políticas sobre estos sectores.
La iniciativa, dada a conocer a finales de 2009, presenta una estructura
piramidal, en cuya base se identifica la necesidad de “invertir en los pilares
de la innovación estadunidense”. En el centro de la pirámide se describe el
objetivo de “promover los mercados competitivos que estimulan al sector
empresarial”, y en la cúspide se sitúa el propósito de “catalizar los avances
científicos y la innovación sobre las prioridades nacionales”. Para el logro de
esos propósitos, la iniciativa propone reforzar los presupuestos de los
organismos de coordinación científica, apoyar proyectos que atiendan la mejora
de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la educación, en particular la
enseñanza de las matemáticas. Para estimular las exportaciones, se propone
simplificar los controles internos y brindar apoyos focalizados a los sectores
económicos con mayores capacidades de proyección internacional.
El objetivo de aproximar las agendas de investigación, tecnología e
innovación hacia las prioridades nacionales, se centra en favorecer con recursos
a los programas y proyectos que atiendan las prioridades de la agenda social y
económica gubernamental: incentivar la competitividad de la industria
estadunidense; recuperar los niveles de empleo en el sector formal; robustecer
el sistema de salud pública y, con gran énfasis, desarrollar tecnologías
favorables a la restauración ecológica, la protección del medio ambiente, y la
reducción de riesgos por catástrofes naturales.
De los instrumentos propuestos para que avance la iniciativa, dos han
recibido especial atención: el estímulo a los clusters (concentraciones
geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas, que actúan en una
determinada actividad productiva) regionales para la investigación científica y
el desarrollo tecnológico, y la iniciativa de gobierno abierto (OGI).
Lo nuevo en materia de clusters de I+D+I consiste en que el gobierno federal
aporta recursos complementarios a las aportaciones fiscales de los estados, con
lo cual tienden a mejorarse las perspectivas de dinamizar y generalizar estos
instrumentos.
Por su parte, la iniciativa OGI, que consiste en estimular la puesta en línea
y el acceso abierto de la documentación gubernamental, incluida la producción
académica y científica subsidiada con fondos públicos, representa un estímulo
para la formación de redes académicas y para un mejor aprovechamiento del
conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior, ciencia y
tecnología del país.
Aunque la estrategia de Obama ha sido bien recibida en el medio académico de
EU, algunas críticas hacen notar que la provisión de fondos federales en el
marco de la propuesta ha sido insuficiente para obtener resultados a corto y
mediano plazo. También se cuestiona la escasa atención que la iniciativa presta
a los “eslabones” de la cadena en que debieran vincularse los resultados de las
instituciones de educación superior e investigación científica, las instancias
productoras de tecnología, el sector productivo y el gobierno.
Entre las acciones que reflejan los primeros pasos de implementación de la
política de innovación cabe referir, en primer lugar, el incremento presupuestal
a las agencias gubernamentales encargadas de la coordinación y fomento de
actividades científicas. En presupuesto 2011 se aprobaron fondos que representan
incrementos reales entre 2 y 3 por ciento, aunque algunas agencias, por ejemplo,
las de energía y salud pública, obtuvieron aumentos significativamente
superiores.
El dato es relevante por dos razones. La primera es que el presupuesto
científico en EU mostraba, en los pasados diez años, una tendencia hacia el
estancamiento, manteniendo la misma proporción respecto del gasto fiscal global,
así como una proporción similar en el balance de inversión pública-privada. La
segunda razón es que hace verosímil la meta presidencial de alcanzar, en 2017,
la duplicación del gasto público en ciencia respecto del presupuesto federal de
2006.
Otra veta destacada de la iniciativa es la distribución de fondos para
reforzar la política de creación o consolidación de los denominados “parques
científicos regionales”. Lo novedoso es el estímulo para que dichas
infraestructuras, además de fomentar la colaboración entre empresas privadas y
organizaciones académicas, incluidas las universidades, se constituyan en nichos
para la colocación, temporal o definitiva, de los egresados de los programas de
posgrado universitarios en ciencia y tecnología.
Así, la iniciativa pretende apoyar no sólo a las instituciones y empresas
comprometidas con la generación de conocimientos y nuevas tecnologías, sino
también crear nuevas vías de acceso a las nuevas generaciones de científicos y
tecnólogos.
No faltan, como es de esperarse, apuntes críticos acerca del esquema, pues
también implica el refuerzo de pautas de privatización del sistema público de
educación superior e investigación científica. A medida en que se generaliza la
perspectiva de incentivar económicamente los vínculos entre universidades y
empresas, crece la participación cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, del
sector privado en la definición de las agendas científicas de las instituciones
públicas.
Respecto de la política de acceso abierto a la documentación gubernamental,
es uno de los componentes más dinámicos de la estrategia de innovación. En poco
tiempo se han alcanzado metas importantes, como obligar a las agencias
gubernamentales a poner en línea acervos documentales de gran magnitud, a
desclasificar aquellos que permanecían cerrados, aunque se mantienen
salvaguardas relacionadas con la política de seguridad nacional y con la
privacidad de datos personales.
En el sector académico y en el tecnológico, el esquema de OGI también avanza,
aunque más lentamente. Resistencias importantes (derechos de autor y derechos de
propiedad industrial) han hecho sentir su peso para obstruir la idea de brindar
acceso público a las investigaciones y publicaciones patrocinadas con fondos
públicos. Es éste un debate abierto que, por su naturaleza e importancia,
amerita un análisis específico.