En diciembre del año pasado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) firmó dos convenios para apoyar a egresados del bachillerato que buscan
acceder a opciones de nivel superior en la Ciudad de México. El primero de ellos
da lugar al programa AL-UNAM: Edúcate y consta de un conjunto de oportunidades
en modalidades educativas escolarizadas, abiertas y a distancia, que se resumen
en 14 opciones completas para licenciatura, así como 30 cursos de educación no
formal.
El segundo convenio fue suscrito con un grupo de instituciones privadas,
por medio de un sistema de becas que serán cubiertas principalmente por el
gobierno de la ciudad y parcialmente por las instituciones participantes.
El convenio con la UNAM tiene como antecedente directo el programa de
Bachillerato a Distancia (B@UNAM) que inició actividades den 2007 luego de ser
suscrito el convenio respectivo entre el entonces rector Juan Ramón de la Fuente
y el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrad Casaubón. A la fecha cuenta con
dos generaciones de egresados, una población inscrita del orden de 12 mil
estudiantes y la perspectiva de ampliar a corto plazo la cobertura del programa
hasta 20 mil alumnos. Ha sido un programa exitoso principalmente por que ha
hecho llegar a jóvenes en desventaja socioeconómica una oferta educativa de alto
nivel académico.
En tal sentido, replicar y ampliar la experiencia del bachillerato
universitario a distancia al nivel de licenciatura, parece una buena idea. Por
lo pronto se tiene previsto iniciar el proyecto, todavía en fase experimental,
con una generación de cinco mil estudiantes como máximo. El convenio respectivo
considera la aportación académica de la UNAM en infraestructura, recursos
humanos y medios digitales, y una contraparte económica a cargo del presupuesto
del Distrito Federal.
Hasta ahí vamos bien. En contraste, el acuerdo con universidades privadas
deja mucho que desear. En primer lugar, al ser un típico mecanismo de voucher
escolar, aunque se presente con la forma de programa de becas. Desde cualquier
ángulo que se mire, implica transferencia de recursos públicos a entidades
privadas, por más que estas se definan “sin fines de lucro”. El convenio indica
que la ALDF aportara 40% del costo de las colegiaturas y el resto las
instituciones participantes.
El argumento de apoyar a lo jóvenes de escasos recursos mediante esta medida,
buenas intenciones a parte, resulta poco convincente si se toman en cuenta
opciones alternativas de utilización de los mismos recursos en la ampliación de
la oferta pública, para comenzar la posibilidad de mejorar y extender las
instalaciones y programas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México o
establecer convenios con universidades como la Autónoma Metropolitana, la UPN o
el propio IPN.
Pero eso no es lo peor. La lista de instituciones particulares que participan
en la nueva iniciativa del GDF, denominada “La ciudad con jóvenes”, incluye las
siguientes: Instituto de Enseñanza Superior en Contaduría y Administración;
Instituto Especializado en Computación y Administración Gauss-Jordan; Instituto
Mexicano de Educación Profesional; Universidad Centro Universitario Grupo Sol;
Universidad de la República Mexicana; Universidad Insurgentes, e Instituto
Leonardo Bravo.
Son instituciones formales, varias de ellas incorporadas al Instituto
Politécnico Nacional, y todas con Registros de Validez Oficial de Estudios
(RVOE) en regla para sus programas. Pero desde luego no son de primer nivel ni
mucho menos. Son, todas ellas instituciones creadas principalmente, para
satisfacer la demanda no atendida por el sistema público pero que no han
alcanzado los estándares de calidad que hoy rigen en el sistema de educación
superior del país.
Por ejemplo, ninguna de ellas ha sometido sus programas a las
evaluaciones que practican los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES) ni cuentan con programas acreditados por los
organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (Copaes).
Si aceptamos que la evaluación y la acreditación conforman un sistema
aceptado de control de calidad académica de la oferta de la educación superior,
es muy criticable que se apoye con recursos públicos a instituciones privadas
que no satisfacen estos criterios. Si la ALDF ha tomado la decisión, al parecer
con el respaldo de todos los partidos, de apoyar la educación superior privada,
¿por qué no mejor negociar, en todo caso con instituciones del nivel que son de
buena calidad?
Más allá de la retórica, parece evidente que los legisladores y las
autoridades educativas de la Ciudad de México han perdido la brújula en este
terreno. El diagnóstico es correcto: hace falta apoyar a la juventud
metropolitana para que consiga formarse al más alto nivel. Pero la respuesta
dada en esta segunda vertiente es incorrecta. Una educación de calidad mediocre
no constituye ninguna solución, al contrario.