Continúa, se extiende y alcanza mayores niveles de coordinación y
articulación el movimiento de académicos y estudiantes en contra de las
políticas de educación superior, ciencia y tecnología del gobierno de Nicolás
Sarkozy, en Francia.
Por tercera semana consecutiva, tanto en París como en las
ciudades del interior, han tenido lugar manifestaciones, reuniones informativas
e incluso suspensión parcial de actividades. El movimiento ha alcanzado un
perfil nacional, involucra a las organizaciones mayoritarias de académicos,
científicos y estudiantes, e incluso ha contado con el respaldo de autoridades
universitarias.
La designación oficial de la magistrada Claire Bazy-Malaurie como mediadora
en el conflicto, y la posposición de la aplicación de las reglas y medidas
anunciadas por el ministerio, no alcanzó a enfriar el movimiento y ha sido
vista, principalmente, como una reafirmación de la postura gubernamental de
avanzar en las reformas aunque, probablemente, con un margen de negociación en
puntos específicos.
El pasado 16 de febrero se dio a conocer un comunicado del Consejo Nacional
de la Enseñanza Superior y la Investigación Científica (CNESER, por sus siglas
en francés) sobre el conflicto. El CNESER es un cuerpo colegiado representativo
de las comunidades de académicos, estudiantes y trabajadores universitarios, con
funciones de consultoría ante el Ministerio de Educación Superior.
El CNESER es
presidido por el ministro o ministra en turno y se compone de 68 personas:
cuatro representantes de la Conferencia de Presidentes Universitarios (CPU), un
representante de la Conferencia de Directores de las Escuelas Francesas de
Ingenieros (CDFI), 22 académicos (profesores, investigadores o
profesores-investigadores), de los cuales la mitad corresponde a académicos
universitarios, 11 estudiantes y siete representes del personal no académico.
El comunicado del CNESER demanda, en primer lugar, la revisión y sustitución
del proyecto de decreto que modifica el estatuto de profesores e investigadores.
Esta iniciativa, reglamentaria de la Ley Relativa a las Libertades y
Responsabilidades Universitarias aprobada en 2007, modifica las condiciones
generales de ingreso, permanencia y promoción del personal académico, da lugar a
políticas de estímulo a la productividad, a la deshomologación de los salarios
del personal docente y de investigación, y abre la posibilidad de que sean las
instituciones, no el ministerio, las que determinen los criterios de las nuevas
prácticas de gestión académico-laborales.
Dicho comunicado añade otras demandas: la revisión de las reformas aprobadas
en materia de formación de profesores de educación básica y media, el incremento
del gasto público en educación superior, la restauración de los puestos de
trabajo que fueron eliminados en el programa presupuestal sectorial
correspondiente a 2009 y la negociación de un nuevo plan que apoye la
estabilidad laboral del personal académico contratado, en lugar de las reglas
aprobadas en 2008 sobre contratos académicos eventuales.
Asimismo, se pide la revisión de la política científica, en particular la
cancelación de la iniciativa de reestructuración del Consejo Nacional de
Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) y la revisión del
enfoque de vinculación entre la formación profesional, el aparato científico y
el sector empresarial.
Por último, se demanda la mejora de los salarios, la aprobación de un
programa salarial indexado a la inflación, así como el ajuste de los sueldos
considerando la pérdida del valor adquisitivo en los últimos diez años. El
sector estudiantil del CNESER incluyó, en el pronunciamiento de este organismo,
la exigencia de revisar los rubros de condiciones de estudio y vida académica
para el planteamiento de una renovada y ambiciosa política estudiantil de
alcance nacional.
Es importante anotar que el pronunciamiento del CNESER es presentado con el
respaldo de las principales organizaciones sindicales del sector: el Sindicato
Nacional de la Educación Superior (SNESUP), afiliado a la Federación de la
Educación Nacional (FEN), organización, esta última, que agrupa a la mayor parte
de los sindicatos educativos en Francia; la Federación de Sindicatos Generales
la Educación Nacional y la Investigación Pública (SGEN-CFDT); la Unión Nacional
de Sindicatos Autónomos (UNAS); la Confederación Francesa de Trabajadores
Cristianos (CFTC), y la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF),
principal organización corporativa del sector estudiantil. O sea, todos los que
deben estar, están.
El comunicado del CNESER concluye instando a la ministra Valérie Pécresse a
que convoque inmediatamente a este organismo —ella lo preside— a una reunión
formal y la apertura de una ronda de negociaciones, con o sin la intermediación
de la magistrada designada. Así las cosas.
Por lo pronto, están previstas nuevas jornadas de marchas y manifestaciones
para ésta y la próxima semana y también se anticipa, en la estrategia de las
organizaciones universitarias que encabezan el movimiento, la búsqueda de
convergencia con las escuelas normales, así como la articulación del movimiento
universitario con las demandas del sector trabajador y la sociedad en general en
contra de las políticas anticrisis anunciadas por Sarkozy.
Como suele ocurrir, los académicos ganarán o perderán su protesta según la
capacidad de movilización y tejido de alianzas que logren construir. Por ahora
parece que van ganando y que obligarán al gobierno a retroceder o al menos
suspender la aplicación de las medidas. Con todo, lo más significativo radica en
el valor simbólico de un movimiento amplio y legítimo en contra de las políticas
de educación superior centradas en el estímulo a la productividad y en la
vinculación de la academia con el mercado. En Francia, nada menos.