Dos indicadores clave en la programación de metas del sistema de educación
superior dan muestra de un comportamiento incierto en la actual coyuntura de
crisis. Uno es el gasto público en educación superior como proporción del
producto interno bruto, otro, el indicador de cobertura referido a la relación
entre el volumen de matrícula atendida con respecto del grupo de edad de
referencia: 18 a 22 o 19 a 23 años.
El Programa Sectorial de Educación 2007-2009 define una meta de cobertura de
30 por ciento, mientras que la meta de alcanzar un nivel de gasto público en
educación superior de al menos 1 por ciento del PIB ha sido formulada, en forma
recurrente, desde hace más de veinte años. Como hemos mostrado en este mismo
espacio, para alcanzar el nivel de cobertura programado se requiere que el
sistema en su conjunto agregue cada año aproximadamente cien mil estudiantes.
Para lograr tal meta se requiere, por un lado, que las instituciones del sector
público generen nuevas plazas escolares, que se mejore la retención de
estudiantes, y los gobiernos, el federal y los estatales coadyuven con recursos
para crear nuevas instituciones en todo el territorio nacional.
Para mantener el ritmo de crecimiento de la matrícula del sector público
aproximadamente 65 mil espacios adicionales cada año es esencial sostener
varias estrategias: la ampliación de lugares en las instituciones existentes, la
creación de nuevas IES, la ampliación del número de becas del Pronabes para
asegurar condiciones de retención de la población económicamente más necesitada,
y la consolidación de las opciones de educación superior abierta y a distancia
conducentes a un título profesional.
Se requiere también que el sector privado
sostenga su ritmo de expansión más de 30 mil espaciones por año obviamente sin
desmedro de un mínimo de calidad aceptable. Si ocurren estos supuestos, es
razonable alcanzar el escenario en el tiempo previsto. La anunciada recesión
económica coloca, sin embargo, en condición de riesgo las hipótesis de
expansión: ¿habrá recursos públicos suficientes para mantener el crecimiento del
sistema público?, ¿el sistema privado logrará conservar su marcha en un
escenario de disminución del poder de compra de las familias? En este nivel, el
escenario ciertamente es complejo. Se suma, por otra parte, un factor aún más
incierto: la posibilidad de que ocurra un reflujo migratorio de mexicanos que
viven en EU. ¿De qué tamaño?, nadie lo sabe con certeza, pero es posible que su
volumen sea suficiente para alterar el tamaño del grupo de edad que se toma como
referencia al calcular la cobertura.
Asimismo, el indicador de gasto en educación superior como proporción del PIB
puede deparar algunas sorpresas. De hecho, la reciente redefinición metodológica
para el cálculo de este indicador, adoptada por el INEGI en abril de 2008
(véase: INEGI, Actualización del sistema de cuentas nacionales 2003) dio lugar a
una significativa caída en todos los indicadores relacionados al PIB. No es para
menos, con el nuevo método, el PIB de 2006 y 2007 aumentó en 12.5 por ciento.
Alejandro Márquez publicó recientemente en El Financiero (17/10/08) un
artículo titulado La insoportable levedad del dato, donde comenta los efectos
del ajuste metodológico sobre el gasto educativo del país. Según Márquez,
gracias a la nueva metodología de cálculo, el gasto público total en educación
cayó (en 2007) de 6.9 por ciento a 6.0 por ciento.
En el nivel de educación superior, con los antiguos valores (serie PIB con
base 1993) se estimaba que hacia 2007 el gasto federal correspondiente,
incluyendo actividades de investigación científica, alcanzaba una proporción de
0.85 por ciento, sin incluir dichas actividades 0.55 por ciento. Con los nuevos
datos, los indicadores para ese año se ajustan a la baja: 0.75 por ciento y 0.50
por ciento, respectivamente.
La iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 asignó a la
educación superior un total de 70 mil 600 millones de pesos, sin contar
investigación científica. Ese monto, dividido entre la expectativa de PIB que se
tenía al momento de formular el proyecto (septiembre 2008), era equivalente a
0.54 por ciento, pues el PIB nominal estimado a 2009, con un supuesto de
crecimiento de la economía nacional del orden de 3 por ciento, equivalía a más
de trece billones de pesos. La ANUIES solicitó una ampliación de 12 mil 350
millones de pesos, los que, sumados al monto indicado por Hacienda, llevarían el
indicador hasta 0.63 por ciento.
Probablemente cuando aparezca este artículo ya se sabrá la cantidad de
recursos federales que la Cámara de Diputados haya acordado incrementar para la
educación superior. Tal vez una cantidad entre cuatro mil y seis mil millones de
pesos adicionales; con suerte algo más. Lo curioso del caso es que la
expectativa de crecimiento económico de México para 2009 se ubicará, según el
consenso de los expertos, entre 1 y 2 por ciento como máximo, y hay quien
sostiene que menos de 1 por ciento. Si eso ocurre, como es predecible, el PIB
nominal disminuirá y se incrementará, en consecuencia, la proporción relativa de
gasto educativo sobre el valor económico de referencia.
Es la magia de los indicadores: los efectos de la crisis pueden repercutir en
una disminución de la cobertura aunque no decaiga la oferta, y en un aumento
relativo del gasto público en educación superior, causado por la contracción
del PIB y no por un aumento significativo de los recursos. Hay que estar
pendientes.