Al fin, con sentencias, multas y penas de prisión inconmutables concluyó el
proceso penal relacionado con una de las mayores operaciones de fraude académico
en la historia de Estados Unidos. Se trata del caso de los esposos Steven Karl
Randock y Ellen Randock Dixie, y de otros cómplices implicados en una extensa
red, de alcance internacional, de venta de certificados de educación media,
títulos universitarios y otros grados académicos, sin el debido respaldo
institucional.
El negocio de los Randock abarcó casi todas las formas conocidas
de fraude en este terreno, principalmente: títulos falsificados de instituciones
reconocidas, certificados y diplomas de instituciones inexistentes, y también
emisión de títulos de instituciones extranjeras conseguidos por medios
corruptos.
Casi cuatro años duró el proceso desde su identificación en 2005. Pero antes
de iniciar el procedimiento judicial se conocieron públicamente una serie de
demandas contra varios de los falsos establecimientos propiedad de los Randock,
entre ellos, la Universidad Saint Regis, la Universidad Internacional James
Monroe, supuestamente asentada en India, y la Universidad Roberstown, la cual
contaba con un aval de acreditación, aparentemente legítimo, del gobierno de
Liberia.
El escándalo se desató cuando los títulos y certificados emitidos por dichos
establecimientos, y otros que más tarde fueron identificados como parte de la
misma operación, intentaron ser utilizados para ingresar o alcanzar promociones
en empleos del sector público. Por ejemplo, según consta en el artículo Saint
Regis University, de la Wikipedia, en junio de 2004, la Comisión de Estándares
Profesionales del estado de Georgia revocó la licencia a once profesores que
presentaron certificados de estudios de posgrado en dicha universidad, y seis
más optaron por renunciar antes de ser sometidos al ominoso procedimiento de
verificación.
En diciembre de 2006 traslució el caso de 14 miembros del
Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que, asimismo, intentaron obtener
promoción mediante certificados de esa falsa universidad quienes, gracias a su
hoja de servicios, lograron evitar la expulsión, pero fueron multados con más de
diez mil dólares cada uno.
Para ese entonces, los Randock habían logrado extender considerablemente sus
operaciones gracias a múltiples vacíos legales en las normas que rigen la
educación estadunidense. Por ejemplo, son excepción los estados que prohíben
explíctamente el comercio de diplomas, o que obligan a la acreditación de
instituciones y programas educativos. A pesar de ser EU el país donde la
acreditación de estudios superiores es una práctica regular, el principal
incentivo de ésta es el ingreso de estudiantes becados por los programas
gubernamentales más que la regulación, como tal, de los proveedores de
servicios.
Los Randock suponían que el comprador del título sería, en todo caso,
corresponsable del fraude y, por lo tanto, que no denunciaría el delito
correspondiente. Quizá no contaban con que las instituciones afectadas se
encargarían de denunciar no sólo al portador del título, sino también al emisor.
Además, la difusión de los casos en la prensa, televisión e internet obligó
tanto a la autoridad federal (el FBIy el Servicio Secreto), como al poder
judicial del estado de Washington, a tomar cartas en el asunto.
El 27 de marzo de 2008, el fiscal del Distrito Este de Washington, James A.
Mcdevitt Dixit, anunció en boletín de prensa que Ellen Randock, Steven Karl
Randock y Heidi Kae Lorhan, todos residentes de la zona de Spokane (Washington),
fueron declarados culpables de conspiración por el delito de uso ilegal de
servicios postales y correo electrónico en la comisión de fraudes. El boletín
del Departamento de Justicia (CR-05-180-LRS) presenta un sumario descriptivo los
antecedentes y del alcance de la operación.
Según los acuerdos con el fiscal de reconocimiento del delito (plea
agreements), desde agosto de 1999, hasta agosto de 2005, Ellen Randock Dixie,
Steven Karl Randock, Heidi Kae Lorhan, Roberta Lynn Markishtum, Kenneth Wade
Pearson, Richard John Novak, Alan Blake Carlson, y Amy Leann Hensley operaron un
negocio de venta de productos académicos falsos y fraudulentos, basados en
internet. Estos productos incluyeron grados de educación media, pregrado y
posgrado, fabricación de transcripciones académicas ilegales, y certificados de
actualización de conocimientos. Se estima que el fraude generó ganancias por más
de seis millones de dólares.
Los acusados reconocieron haber creado numerosas instituciones ficticias y
haber falsificado documentación. Uno de los implicados, Richard John Novak, se
declaró culpable del cargo de conspiración por fraude electrónico y por violar
la Ley de Prácticas Corruptas al sobornar (con más de 43 mil dólares) a varios
funcionarios del gobierno de Liberia con el fin de obtener la acreditación de la
Universidad de Saint Regis, la Universidad Robertstown y la Universidad James
Monroe, así como por inducir a funcionarios liberianos para expedir cartas y
otros documentos en favor de terceros.
Desde julio de 2008 la señora Randock y la mayoría de los implicados purgan
penas de prisión que van de uno a tres años, además de las mutas estipuladas. El
juicio del señor Randock demoró porque su abogado alegó problemas de salud, que
al cabo la corte no estimó suficientemente graves, y también buscó deslindarse
de la autoría intelectual del fraude, acusando a su esposa de tramar cada una de
las operaciones. De todos modos le dieron a él también tres años de cárcel.
Dicen los comentaristas que el caso Randock & Randock no es sino la punta
de un iceberg: el negocio multimillonario de las fábricas de diplomas. En
México, ¿cómo andamos?