La semana pasada, a raíz de la intervención del subsecretario de Educación
Media Superior, Miguel Székely Pardo, en el Segundo Foro Parlamentario sobre
Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología (UNAM, 20/10/08), se
manejó en esta columna la hipótesis de un posible acercamiento entre la
autoridad educativa federal y los diputados de la Comisión de Educación Pública
con respecto de la iniciativa de establecer la obligatoriedad del bachillerato.
Citamos al respecto dos fuentes. La primera, la propia presentación del
subsecretario en el Foro Legislativo, en la cual, si bien no se afirma, ni mucho
menos, una disposición favorable de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en
el sentido de apoyar el proyecto de obligatoriedad de la educación media
superior, sí se postulan qué aspectos debería cuidar la eventual norma en caso
de avanzar el trámite legislativo.
Según lo señalado por Székely en su ponencia, sería necesario definir las
obligaciones y responsabilidades de las instancias y actores involucrados,
establecer elementos de coordinación institucional, garantizar la equidad y
pertinencia educativa con estándares claros y, sobre todo, asegurar el
financiamiento requerido para hacer viable la propuesta. Está claro que
argumentar estos requerimientos no significa ni apoyo ni respaldo gubernamental
a la iniciativa de los diputados; simplemente se reconoce un proceso en curso
cuyo destino está, para todos los efectos prácticos, en manos del Poder
Legislativo.
Al día siguiente de la presentación del subsecretario, en la sección de
boletines del portal de la SEP se incluyó una nota titulada Propone SEP crear
la ley de educación media superior para garantizar su obligatoriedad (Boletín
SEP 324, 21/10/08). Ciertamente el encabezado y el propio contenido del boletín
iban más lejos que lo expresado por Székely, aunque, tratándose de una nota
informativa oficial, dejaba lugar a una interpretación como la enunciada en este
espacio.
Poco después, sin embargo, se supo que el comunicado era erróneo: el boletín
fue retirado y a quienes habíamos comentado su contenido se nos notificó, por
parte del área de Comunicación Social, esa situación. No es relevante discutir
los avatares de comunicación de la SEP, pero sí el fondo del asunto: la postura
de la autoridad educativa federal con respecto de la opción de la obligatoriedad
del bachillerato se mantiene en su sitio, es decir, no es un proyecto que esté
siendo apoyado desde el gobierno, al menos, por el momento.
¿Cuáles son las reticencias de la SEP sobre el bachillerato obligatorio? Las
veces que, ya sea la secretaria de Educación, o bien el subsecretario del ramo,
han expresado su opinión al respecto, el argumento más socorrido es de costo: ir
hacia la obligatoriedad de este nivel de enseñanza implicaría enfocar un monto
de recursos muy por encima de las actuales condiciones presupuestales. Se aduce
el ejemplo del preescolar obligatorio de tres años, el cual, a pesar de contar
con pleno sustento legal, no ha podido cumplir las expectativas por
insuficiencia de fondos.
Hay, no obstante, más elementos. Uno muy importante es que la iniciativa de
los diputados tampoco ha sido apoyada por el sector académico. Ni las
universidades públicas, responsables de la operación de una proporción
importante del bachillerato universitario, ni las escuelas privadas con oferta
en este nivel de enseñanza, ni mucho menos las dependencias de la SEP o de las
autoridades educativas en los estados, han dado señales en el sentido de
respaldar el proyecto de obligatoriedad.
Más aún, la agenda del debate legislativo se ha reconfigurado drásticamente
en función del cambio de coyuntura. Primero fue la preocupación por la seguridad
y por los asuntos electorales. Hoy, a estos temas se añade la discusión sobre
las medidas para enfrentar la crisis financiera global. En tal escenario, la
ventana de oportunidad que se abrió para la propuesta de obligatoriedad se está
cerrando rápidamente. El actual balance podría cambiar si y sólo si, por razones
que no están a la vista, la dirigencia del SNTE proyectara la intención
acordada en el Cuarto Congreso Nacional de Educación del gremio de impulsar la
educación obligatoria de quince años. La posibilidad es remota, aunque no
impensable.
Debe recordarse, por último, que la opción del bachillerato obligatorio
implica un cambio constitucional y, por ello, la aprobación de al menos dos
terceras partes del pleno camaral. En la actual configuración de las fracciones
parlamentarias, basta con que uno de los tres partidos mayoritarios no esté de
acuerdo para que cualquier reforma constitucional se frene. Así, si el gobierno
no está conforme con la medida, ésta no tiene futuro.