El pasado viernes concluyeron los trabajos de la Conferencia Regional de
Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES 2008), en Cartagena de
Indias, Colombia, en preparación de la Conferencia Mundial de Educación Superior
2009. Como estas conferencias son organizadas por la UNESCO, el evento fue
coordinado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC).
Como tal, la conferencia fue un ámbito propicio para la presentación y debate
de múltiples temas relativos a la agenda actual y futura de la educación
superior en la región. No menos interesantes las ponencias que varios
especialistas de sólida reputación académica expusieron a los participantes.
Tras las sesiones temáticas, la comisión redactora de la CRES 2008 generó un
documento síntesis en que se plasmaron los principales puntos de acuerdo, así
como un enfoque general para promover las sugerencias de política pública y de
acción institucional convenidas.
No obstante la variedad y riqueza de puntos de vista y aportaciones prácticas
expresadas en la reunión, el documento aprobado, Declaración Final de la
Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina, se aprecia un
tanto limitado en su carácter de guía de orientación para el desarrollo de la
educación superior latinoamericana. Hay que aclarar que el propio texto hace dos
advertencias importantes. La primera, que se trata aún de una propuesta,
sujeta por lo tanto a precisiones y nuevos planteamientos. La segunda, que se
espera seguir ahondando la reflexión para formular la hoja de ruta de los
acuerdos.
En la declaración se advierte, en primer lugar, un marcado acento en el
carácter público de la educación superior: La educación superior es un derecho
humano y un bien público social. Los estados tienen el deber fundamental de
garantizar este derecho. Asimismo, el carácter de bien público social de la
educación superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho
real de todos los ciudadanos.
En consecuencia, el documento recomienda profundizar en las políticas de
acceso y equidad extendiéndolas a todos los grupos sociales, ampliar el subsidio
a las instituciones públicas del nivel, y producir transformaciones en los
modelos educativos para conjurar los bajos niveles de desempeño, el rezago y el
fracaso estudiantil. Al subrayar la condición de bien público de la educación
superior, la declaración critica las tendencias de mercantilización y
transnacionalización a la vista y advierte a los gobiernos nacionales sobre los
riesgos de abrir el mercado educativo al comercio internacional.
Hay también en la declaración un pronunciado énfasis en el contexto nacional
y local como objetos centrales de la pertinencia de la educación superior y la
investigación científica.
De tal manera, se recomienda a las instituciones avanzar en la configuración
de una relación más activa con sus contextos, (así como) impulsar un modelo
académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos, la
producción y transferencia del valor social de los conocimientos, el trabajo
conjunto con las comunidades, una investigación científica, tecnológica y
humanística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de
solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de
la población, una activa labor de divulgación vinculada a la creación de
conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la
multiculturalidad, un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore
en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción
conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más postergados.
Esta vuelta a lo local toca, incluso, un extremo cuestionable, el de
afirmar, como está escrito en la declaración, que el desplazamiento de lo
nacional y regional hacia lo global (bien público global) tiene como
consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que existen de hecho. Aparte de
expresar una postura sólo defensiva, parece que el pronunciamiento desconoce el
fondo del debate académico acerca de la educación como bien público global.
Además de las declaraciones y recomendaciones a los
gobiernos sobre la educación superior y cómo aproximarla a los intereses de los
países y sociedades de la región, el documento contiene sugerentes ideas de
política educativa y científica. Por ejemplo, la de establecer mecanismos de
articulación entre ese nivel de formación y el resto del sistema educativo, o la
de renovar la interrelación entre las funciones de docencia, investigación y
difusión. Como cabría esperar, no son pocas las referencias a los sistemas de
educación abierta y a distancia, con base en tecnologías informáticas, en cuanto
potenciales vías de respuesta a la creciente demanda de acceso.
Hay temas relevantes, como el de la emigración de talentos, cuyo enunciado en
la declaración resulta poco satisfactorio dado el nivel de generalidad en que se
expresa y la ausencia de una propuesta viable. Juzgue el lector: "La emigración
se ve acelerada por el reclutamiento de jóvenes profesionales de la región por
parte de los países centrales, para atender la disminución de su población
estudiantil universitaria. Ello podrá enfrentarse abriendo ámbitos locales de
trabajo acordes con dichas capacidades". No pues sí.
La propuesta más concreta en toda la declaración viene al final, en el rubro
de integración. Se sugiere al respecto la construcción de un Espacio de
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), para
establecer procesos de convergencia, mutuo reconocimiento, trabajo conjunto,
proyectos compartidos, movilidad académica y estudiantil, entre otros
propósitos.