¿Es viable y representa una solución a la problemática de la educación media
en México la obligatoriedad del bachillerato? Las posibilidades de abordar
seriamente la cuestión son múltiples, porque hay aspectos educativos, sociales,
financieros y políticos imbricados. Seguramente, en los próximos meses y años,
el tema concentrará parte importante de la discusión sobre las opciones de
renovación de la educación media en México. En el contexto de ese debate parece
oportuno acercarse a la experiencia internacional, al menos la desarrollada en
el área Iberoamericana. Revisemos para comenzar el caso de España.
Cabe la aclaración preliminar de que en España la obligatoriedad de la
enseñanza media no comprende todos los años de los que en México denominados
educación media superior. Se trata de una Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
de cuatro años posteriores a los seis de primaria. No obstante, el caso es, sin
duda, interesante porque anticipa problemas cruciales en la discusión de una
eventual educación media de carácter general y obligatorio.
De 1990 a la fecha se han desarrollado sucesivamente tres proyectos. El
primero proviene de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), aprobada en octubre de 1990; el segundo está contenido en la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, y el tercero viene de la Ley
Orgánica de Educación de 2006.
La LOGSE instauró la secundaria obligatoria con el fin de concretar las
garantías educativas incorporadas en la Constitución de 1978, y para acercar la
estructura y funcionamiento del sistema educativo español a los de otros países
europeos en el marco del programa comunitario. Antes de esa ley, la Educación
General Básica (EGB) se distribuía en ocho años escolares ordenados en tres
ciclos, el primero de dos años, y el segundo y tercero de tres. Al concluir la
EGB los estudiantes podían optar ya fuera por el Bachillerato Unificado
Polivalente (BUP), o bien por una opción de formación profesional (FP).
La reforma LOGSE reestructuró el ciclo básico-obligatorio para comprender
seis años de educación primaria, segmentados en tres periodos bianuales, así
como cuatro años de educación secundaria obligatoria (ESO), previstos para el
periodo de doce a dieciséis años. La adición de dos años más a la educación
obligatoria implicó una serie de cambios que abarcaron el campo del currículum,
el de la organización y la cultura escolar, y a la postre el de los resultados y
desempeños educativos.
Uno de los cambios más significativos provino de la modificación del perfil
profesional exigido a los profesores de la ESO. La norma determinó que la
educación secundaria obligatoria será impartida por licenciados, ingenieros y
arquitectos o quienes posean titulación equivalente a efectos de docencia. En
aquellas áreas o materias que se determinen, en virtud de su especial relación
con la formación profesional, se establecerá la equivalencia a efectos de la
función docente, de títulos de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Diplomado
Universitario". (LOGSE, artículo 24). Además de ello, el profesor quedaba sujeto
a la obligación de acreditar un mínimo de calificación docente certificada por
al menos un curso anual de cualificación pedagógica.
Una implicación práctica inmediata en la organización institucional,
consistió en que los primeros dos años de ESO permanecieron en las escuelas
secundarias del sistema anterior, mientras que los dos restantes fueron
adscritos a los centros de bachillerato, trasformados en Institutos de
Bachillerato. Para hacer viables los cambios, la reforma normativa contempló la
aplicación gradual de las nuevas medidas.
A diez años de iniciada la reforma, una primera evaluación integral de la
ESO, gestionada por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema
Educativo, comparó los resultados obtenidos por jóvenes de 16 años en pruebas
administradas en 1997 y 2000. En el contraste los alumnos que habían concluido
el segundo año de BUP eran consistentemente superiores a los de los egresados
del cuarto año de ESO. Por otra parte, los resultados de la prueba PISA 2003,
administrada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), colocaban a los estudiantes de secundaria españoles por debajo del
promedio de los países afiliados, aunque también mostraban que una menor brecha
social en los resultados a la observada en países con mejor desempeño.
En conclusión, si bien la reforma no parecía haber resuelto hasta entonces el
reto educativo de mejora cualitativa, sí parecía avanzar en sus propósitos de
mejorar la inclusión social en el conocimiento. No obstante, otros estudios
hicieron notar que la ampliación del periodo obligatorio hacía disminuir la
proporción de jóvenes con una formación básica certificada, dado que el fracaso
escolar, definido en términos de abandono del sistema educativo, tendía a
concentrarse en los últimos años de la ESO. En 2002, la proporción de
estudiantes que no concluían la educación obligatoria se aproximaba a 30 por
ciento.
Las reformas de 2002 y 2006 buscaron enfrentar algunos de los problemas
identificados. La LOCE de 2002, aprobada durante la presidencia de José María
Aznar (1996-2004), incluyó varios cambios tanto en la ESO como en el ciclo de
bachillerato. Asimismo, la LOE de 2006, instaurada con el retorno de los
socialista al gobierno español planteó nuevos cambios, inspirados en la noción
de flexibilidad educativa. La semana que entra los comentamos.