En diferentes ámbitos de la escena política y educativa del país se está
abriendo paso la idea de establecer como obligatorio el nivel medio superior de
enseñanza (EMS). Las diversas iniciativas sobre la mesa coinciden en señalar que
la medida contribuiría a elevar el perfil de escolaridad de los mexicanos,
ampliar y hacer más equitativo el derecho a la educación, mejorar la cantidad y
calidad de los conocimientos que se transmiten, y ofrecer mejores condiciones
para el empleo de los jóvenes en el futuro próximo. Además se piensa que la
obligatoriedad incentivaría un conjunto de reformas académicas para enfrentar
las deficiencias de acceso, calidad y eficiencia que prevalecen.
Antes de comentar algunas de las propuestas más recientes, vale la pena
recordar que en al menos una entidad federativa la educación media superior
tiene ese carácter obligatorio. Es el caso de Jalisco, donde la Ley de Educación
del Estado, aprobada en agosto de 1997, estableció que la educación primaria,
secundaria y media superior tienen carácter obligatorio y gratuito y que el
gobierno del estado está obligado a prestar y promover servicios educativos con
el fin de que la población pueda cursar la educación media superior, entre
otras (art. 3).
En varios estados se está explorando esta posibilidad. En Nuevo León, por
ejemplo, en mayo de 2007, al concluir la Consulta Ciudadana para Reformar la
Ley Estatal de Educación, el secretario del ramo, Reyes Tamez Guerra, informó:
Propusimos que el nivel de educación media superior, a nivel de bachillerato,
sea obligatoria en todas sus opciones donde también tendríamos que preparar las
condiciones para enfrentar este reto (El Porvenir, Monterrey, nota de Trinidad
Moreno González, 19/05/ 07).
En Michoacán, Coahuila, Sonora, Distrito Federal y en otras entidades se han
presentado iniciativas legislativas en el mismo sentido, principalmente por las
fracciones del PRI, Nueva Alianza, el PRD y el PT. En el ámbito federal, la
diputada Irma Figueroa Romero, del PRD, presentó desde noviembre de 2004 una
iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución, así como a varias
disposiciones de la Ley General de Educación, para garantizar la obligatoriedad
y gratuidad del nivel (Gaceta Parlamentaria, núm. 1637, 30/11/ 04). La
iniciativa fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales y está
pendiente de dictamen.
En agosto del año pasado, el presidente de la Comisión de Educación Pública
de la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), indicó, durante una
reunión de trabajo con el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP,
Miguel Székely Pardo, que hay consenso para que en los próximos días se
dictaminen varias iniciativas que abordan la propuesta (la obligatoriedad de la
EMS). Agregó que, aunado a ello, la comisión trabaja para lograr los consensos
necesarios para que el dictamen que se acuerde se apruebe sin mayores
dificultades por todos los grupos parlamentarios (Cámara de Diputados,
Comunicación Social, boletín 1548, 22/08/ 07).
Por su parte, el Grupo de Trabajo de Garantías Sociales de la Comisión
Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), establecida en
abril de 2007, para legislar sobre la Ley para la Reforma del Estado, ha
convenido en impulsar, en el marco de la revisión de las garantías
constitucionales, la obligatoriedad de la EMS. Es una propuesta que cuenta, al
momento, con el aval del PRD, el PRI, el PT y el Panal y aunque subsisten
algunas diferencias de matiz, no sería difícil conciliarlas en una iniciativa
compartida. Si la CENCA consigue concordar sus propuestas hacia abril de este
año, es decir, conforme al calendario previsto, la referida obligatoriedad
encontraría un cauce claramente definido.
No debe olvidarse, por último, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) es otro agente político interesado en impulsar la propuesta.
Entre los acuerdos del IV Congreso Nacional de Educación, organizado por el
gremio de los maestros en mayo de 2007, se incluye la siguiente recomendación:
Se propone una transformación en la estructura del sistema de calificación de
los niveles educativos del país, con una estructura de formación obligatoria de
15 años, cuya currícula sea avalada por una norma oficial mexicana de calidad
educativa (SNTE, Un nuevo modelo educativo para el siglo XXI).
Parece entonces que la mayoría de los partidos políticos está de acuerdo con
la medida, con la significativa excepción del PAN, pues incluso el PVEM
considera que la EMS podría ser obligatoria a mediano plazo (Javier Estrada,
vicecoordinador del Verde Ecologista, Boletín del PVEM, 24/08/ 07). También el
SNTE parece coincidir al respecto, aunque todavía habría que conocer bajo qué
condiciones. Pero, ¿está de acuerdo con ello el Ejecutivo federal? Es probable
que no, o no todavía. Ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Programa
Sectorial de Educación del sexenio hay indicios al respecto, ni siquiera una
somera referencia.
Por lo tanto: ¿será la obligatoriedad de la educación media superior un tema
de controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo? o, ¿será posible encontrar
coincidencias entre los poderes de la Unión al respecto? Vale la pena seguir la
pista a este tema porque este año se perfila como el del debate y la oportunidad
de la medida. Desde luego queda pendiente el examen sobre la viabilidad y
pertinencia de la media superior obligatoria. Volveremos a ello próximamente.