Está fuera de discusión la capacidad táctica y de maniobra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para interpretar y aprovechar la correlación de fuerzas. En virtud de un despliegue de posiciones en todas las zonas del tablero ideológico y político nacional, el gremio de los maestros constituye, al día de hoy, un factor a tomar en cuenta en prácticamente cualquier cálculo sobre las posibilidades de acuerdo e implementación de nuevas políticas públicas, ya sea sobre las llamadas "reformas estructurales" y desde luego ante la eventual reforma del sistema educativo nacional.
La colocación del SNTE en el núcleo del balance político nacional es resultado, vale la pena reiterarlo, de una capacidad táctica. En los últimos años, la dirigencia sindical ha apoyado lo mismo proyectos identificados con intereses ideológicos de la derecha, por ejemplo la Guía de Padres, como movilizaciones desde la izquierda sindical, de lo cual el conflicto de la Sección 22 en Oaxaca durante 2006 es el ejemplo más elocuente.
En las pasadas elecciones federales, el apoyo brindado por el sindicato al candidato Felipe Calderón Hinojosa se reconoce como uno de los factores más importantes del resultado final. De ahí que se haya interpretado la designación de Fernando González Sánchez, yerno de la líder del SNTE, al frente de la Subsecretaría de Educación Básica, como un pago político, a la vez que una muestra de la voluntad de acercamiento del Ejecutivo a las posturas y posiciones del gremio.
Más aún, la reciente instalación de la comisión SEP-SNTE para elaborar la propuesta educativa del Plan Nacional de Desarrollo y perfilar los trazos del Programa Nacional de Educación del sexenio, confirmó el propósito de convergencia. Apenas anunciado el dispositivo, es decir la denominada "Comisión Facilitadora de apoyo a los trabajos del IV Congreso Nacional del SNTE" (13 de febrero 2007), se hicieron oír múltiples voces críticas sobre la nueva alianza entre la autoridad educativa y el gremio.
Una de las primeras vertientes, ampliamente difundida en prensa nacional, hizo notar el carácter la "atribución exclusiva" de la SEP, sancionada en la Ley General de Educación, para el diseño de los planes y programas del sector. Al respecto cabe hacer notar que la acción de convocar al sindicato para discutir las características de los próximos programas educativos no tiene nada de ilegal, incluso es deseable y se ha hecho en el pasado, siempre y cuando la SEP preserve su facultad de autorización en definitiva y toda vez que la interlocución SEP-SNTE no resulte excluyente de otras fórmulas de consulta.
De hecho la autoridad educativa, encabezada por Josefina Vázquez Mota, reaccionó a ese cuestionamiento con un llamado "a la construcción de una nueva agenda educativa en la que no deben existir colores partidistas, ni intereses particulares" (Boletín SEP, 15 de febrero de 2007), y buscando interlocución con otras organizaciones y actores.
Implicaciones políticas
En el balance preliminar habría que destacar varios rasgos del panorama. En primer lugar, que se ha reconocido y puesto en operación el diálogo SEP-SNTE como la vía primaria para la determinación de la ruta de política educativa, al menos en lo que concierne a la educación obligatoria. En segundo lugar, que el SNTE ha logrado ubicarse en las posiciones estratégicas para involucrar su propia agenda en la definición de las prioridades de política educativa del régimen.
En este estado de cosas, la SEP está sujetando las condiciones de legitimidad de su proyecto y programa a una negociación de corte gremial. A su vez, el SNTE hace depender su proyección y su futuro a la traducción de intereses y demandas en el plano de las políticas educativas. Grave y mutuo riesgo.
Como tal, el sindicato ha mostrado y confirmado una importante capacidad para facilitar o impedir la ejecución de determinadas políticas e iniciativas educativas. El preescolar obligatorio de tres años y la reforma a la Ley General de Educación, que señala el deber del Estado de presupuestar ocho por ciento del PIB en el ramo educativo, ejemplifican tal capacidad en sentido positivo. Pero la postura del SNTE a la reforma de la secundaria, así como sus recientes críticas a la Enciclomedia, la carrera magisterial, y los programas compensatorios testimonian sus posibilidades de veto y sus oscilaciones de opinión.
En el fondo, lo que está en cuestión es la posibilidad del SNTE para actuar, simultáneamente, como entidad que propone las políticas educativas y como organizador del interés gremial. No es tanto un problema de capacidad intelectual, que el sindicato la tiene y sin duda saldrá de su IV Congreso con una agenda en ese sentido. Es más bien y sobre todo un problema orgánico y estructural, que se hará evidente a la hora de las grandes definiciones de política educativa.
Colocado el proyecto educativo nacional en una mesa de negociaciones, sólo puede convenirse aquello que sea de interés mutuo. En el mejor de los casos, la SEP acercará su postura a la del SNTE y viceversa. Ese es un juego en que ambos actores pierden, porque ambos se obligan a ceder posiciones. Más aún en un escenario en que ni la SEP ni el sindicato cuentan, de antemano, con un proyecto integrado. La peor de las posibilidades consiste en la aparente aceptación de temas, proyectos o programas que más adelante se van a combatir, según las circunstancias y el ambiente político reinante.